Representantes de más de 5 millones de personas han suscrito un manifiesto para exigir al Gobierno la eliminación del doble IVA en los Servicios Sociales. Los firmantes califican de “injusticia histórica” el hecho de que las personas mayores, las personas dependientes y sus familias, obligadas a pagar un 10% de IVA si contratan el servicio de forma personal mientras que, por un idéntico servicio concertado o público, tributarían al 4%.
El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) y otras entidades representantes de más de 5 millones de personas reclaman que Por “justicia social”, porque “es un derecho universal” y porque “beneficia a los mayores dependientes y a la economía del país”, el Gobierno que elimine “la injusticia histórica” que supone la existencia de un doble IVA en los Servicios Sociales, y pidiendo al resto de partidos políticos que “estén a la altura, se pongan al lado de las personas mayores, de las personas dependientes y de sus familiares” y apoyen una enmienda para su supresión.
Representantes de más de 5 millones de personas han suscrito un manifiesto para exigir al Gobierno la eliminación del doble IVA en los Servicios Sociales
Los firmantes de este manifiesto, entre ellos CEOMA, la ONCE, UDP o CEDD, además de todas las patronales, reclaman que todos los usuarios de la Dependencia, sin distinción, tributen al mismo tipo reducido del 4% de IVA por los servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y/o atención residencial.
Y es que actualmente, el IVA que se paga es del 10% si el servicio se contrata de forma personal, mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tributa al 4%. Esa diferencia del 6% del IVA ocasiona un “grave perjuicio” a gran cantidad de usuarios, que se ven obligados a pagar de media un sobrecoste anual de 1.520 euros.
Resulta especialmente injusto para esas más de 320.000 personas que, por “ineficacia del sistema público”, se encuentran sumidas en el ‘limbo’. Y es que mientras esperan a que la administración resuelva su expediente y le conceda una plaza pública o concertada o una PEV (Prestación Vinculada al Servicio), se ven forzados a pagarán de su bolsillo el 100% del precio de una plaza privada y, además, se ven doblemente penalizadas, al tener que abonar un 10% de IVA.
Tal y como denuncia la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, “no tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente y que la atención a la dependencia sea considerada un lujo cuando es un servicio de primera necesidad”.
Para CEAPs, esta diferencia de IVA conculca el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y el principio de universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, que recoge la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Además, igualar el IVA al 4% no solo permitiría aliviar la situación económica de muchas personas dependientes, sino que animaría a muchos de quienes necesitan cuidados a contratar servicios profesionales. Eso conllevará una mejora en la ocupación de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa, consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.
Por consiguiente, se mejoraría la recaudación del Estado y se crearía un número elevado de nuevos empleos estables y no deslocalizables, así como un gran volumen de recursos asistenciales. No hay que olvidar que por cada dos usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral, como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica.
Esta petición se sustenta en el informe ‘La atención residencial en el marco de la Dependencia en España’, según el cual el sector de atención residencial se configura como uno de los “más dinámicos dentro del sector servicios” lo que, unido a la necesidad de ampliar su dimensión, implica la necesaria creación de muchos puestos de trabajo.
Así, si el gasto alcanzase el 1,65% del PIB (como en la media de la OCDE) y considerando que se generan 41 empleos por millón de euros invertidos, estaríamos hablando de algo más de 900 mil empleos totales, lo que supone triplicar los existentes. Eso sin contar, los nuevos requisitos de profesionales por plaza establecidos en el acuerdo de Acreditación.
El manifiesto impulsado por el CEAPs está abierto a la adhesión de cualquier persona que considere necesario que todos los usuarios de la Dependencia tributen al mismo tipo reducido del 4%, con independencia de quién presta o financie el servicio.
