El CERMI solicita al Ministerio de Derechos Sociales la evaluación del nuevo baremo de discapacidad tras un año de aplicación, destacando los retrasos significativos en las valoraciones que se están produciendo en muchas Comunidades Autónomas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que proceda a llevar a cabo la evaluación del nuevo baremo del grado de discapacidad, una vez transcurrido el primer año de su aplicación.

Como base de esta petición, el CERMI invoca la disposición adicional quinta del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que enuncia el mandato de que “transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido en este Real Decreto, el Imserso en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que, en su caso, estime procedentes.”

El Real Decreto 888/2022 fue diseñado para estandarizar el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en España. La evaluación solicitada por el CERMI es un paso crítico para asegurar que el nuevo baremo cumple con su objetivo de proporcionar un sistema justo y eficaz.

Uno de los problemas más denunciados por las personas con discapacidad y sus familias son los retrasos significativos en las valoraciones del grado de discapacidad por parte de las Comunidades Autónomas. En algunos casos, estos retrasos pueden extenderse hasta dos años, lo que provoca una carga considerable tanto para las personas afectadas como para sus cuidadores.

Para abordar estos retrasos, el CERMI ha solicitado a las Comunidades Autónomas que amplíen y refuercen sus estructuras de valoración de la discapacidad. Además, se enfatiza la necesidad de una formación intensiva del personal en el manejo del nuevo baremo y su soporte tecnológico. Estas acciones son esenciales para garantizar una aplicación eficiente y uniforme del baremo en todo el país.

El CERMI propone que se desplieguen planes de choque específicos contra los retrasos en las valoraciones. Estos planes deben ser una prioridad dentro de la acción social de las Comunidades Autónomas. La mejora en la rapidez y precisión de las evaluaciones de discapacidad no solo beneficiará a las personas directamente afectadas, sino que también mejorará la eficiencia del sistema de bienestar social en general.