La reducción de la jornada laboral, de ser aprobada en los términos planteados públicamente por el Gobierno, generará una serie de impactos muy negativos en sector de atención a la dependencia, advierten las principales asociaciones patronales del sector.

Desde estas patronales se expresa su «profunda preocupación» ante la inminente aprobación de una nueva normativa en materia de jornada laboral, que afectaría especialmente a un sector como el de la atención a la dependencia que se enfrenta a una financiación insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales, en cuanto número y cualificación adecuada se refiere.

En este contexto, las patronales AESTE, Asade, CEAPs, FED y Lares ponen de relieve el grave problema que representa la escasez de profesionales cualificados en su sector. «La disminución de la jornada laboral, sin un plan de contingencia adecuado, acentuará aún más esta delicada situación. Actualmente, las entidades de la dependencia ya afrontan serias dificultades para encontrar y retener profesionales cualificados», señalan.

Aunque la reducción de la jornada laboral «pueda ser bien intencionada, no cuenta con apoyo suficiente ni está considerando los graves problemas del sector, profundizando la crisis de capital humano en el sector y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios a personas en situación de dependencia», advierten.

Ademas, la implementación de esta normativa implicará «un inevitable incremento de los costes de los servicios» en un sector caracterizado por su intensa demanda de personas, lo que obligará «a aumentar sus plantillas para mantener la atención con las nuevas exigencias de reducción de jornada. Lo que supondrá una carga económica adicional inasumible para nuestras entidades», señalan desde AESTE, Asade, CEAPs, FED y Lares.

Estas entidades recuerdan que el sector de atención a la dependencia opera de manera muy significativa bajo un modelo de gestión indirecta en el ámbito público. «Esto, unido a la ley de desindexación, que impide la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de estos, nos sitúa en una posición particularmente vulnerable, que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa», afirman.

A su juicio, la combinación de estas normativas generará una presión insostenible sobre las entidades del sector, dificultando aún más su capacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad, por lo que instan a las autoridades competentes a reconsiderar la implementación unilateral de esta normativa y a dialogar con todos los agentes sociales y patronales «para encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia».

En este sentido inciden en que la jornada es una materia central de la negociación colectiva, por lo que esta decisión invade competencias que son propias del ámbito de la negociación y, en todo caso, cualquier modificación normativa debería ir acompañada de un período razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo.