El modelo ‘Sociales cuida, Salud cura’ que el Gobierno de La Rioja ha comenzado a implantar, con medidas como las Unidades de Soporte para Residencias desde Atención Primaria o el acceso a la historia clínica, se regulará mediante un decreto que establecerá nuevos requisitos en materia de personal y medidas para garantizar el servicio ante el déficit de profesionales.

La consejera de Salud y Política Social del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha informado al Consejo del Gobierno del inicio de la tramitación del nuevo decreto por el que se va a regular la atención coordinada a las residencias de mayores de La Rioja, tanto desde las competencias de Servicios Sociales como desde Salud, que sustituirá al anterior decreto que data de 1998.

Esta normativa está basada en la Resolución de 28 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que recoge el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

geriatricarea Cuidopía cuidadores profesionales Decreto residencias
El nuevo decreto que regulará la atención coordinada en residencias de mayores en La Rioja establece nuevos requisitos en materia de personal

Tal y como recuerda el artículo decimotercero de este texto: “la atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud que garantizará, en todo caso, el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia que para el resto de la población, independientemente de que estas residan en domicilios particulares o colectivos”.

En este sentido, como destaca la consejera de Salud y Política Social, “va a ser la primera vez que se da respaldo normativo al modelo ‘Sociales cuida, Salud cura’ que hemos comenzado a implantar en nuestra comunidad con el objetivo de incrementar la calidad de los cuidados de larga duración que ofrecemos a los mayores”.

Y es que, en una sociedad cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas, que viene experimentando importantes cambios sociales, culturales y legislativos, “no podemos seguir ofreciendo las mismas soluciones”. Y es que “cuando las personas necesitan cuidados de larga duración, ni el sistema de Salud ni el de Servicios Sociales pueden por sí solos dar una respuesta adecuada”, recalca María Martín.

De ahí la apuesta por “el nuevo paradigma sociosanitario que va a estar ahora respaldado normativamente y que implicará la modificación de las carteras de servicios que tanto el SERIS y Servicios Sociales como las propias residencias prestan a las personas que tienen en ellas su domicilio habitual”.

Entre otros aspectos, el Decreto establecerá las ratios y la categoría de los profesionales que atienden a los residentes en centros de tercera edad, adaptando los requisitos al actual sistema coordinado entre Sociales y Salud, y flexibilizando el marco de atención, sobre la base de que no deben primar las tareas sino la atención a la persona. Por ello, este Decreto supone un incremento muy significativo del personal de atención directa del primer nivel en la categoría de gerocultores respecto al Decreto de 1998.

Para la determinación del personal que las residencias deberán acreditar se establecerá una ratio mínima de médicos, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales; y una ratio global en el segundo nivel de atención que dotará a los centros de mayor flexibilidad para la contratación de otros perfiles que se ajusten a las necesidades de atención y cuidados de los residentes o reforzar aquellos para los que se han señalado esos mínimos.

El Decreto no será ajeno al problema de escasez de personal del que adolece todo el sistema sociosanitario. No obstante, la falta de estos profesionales conllevará la obligación del centro de sustituir su déficit por un número de horas equivalente de otro u otros profesionales de las otras categorías del grupo de atención sanitaria o bien por el doble de horas del grupo de atención directa del primer nivel.

Que los profesionales que atiendan a las personas mayores estén bien formados es también una preocupación del Gobierno de La Rioja que se recogerá en el Decreto, en el que expresamente se indicará que se les facilitará formación a través del Servicio Riojano de Salud.

La atención integral a los mayores supone desarrollarla desde una concepción holística que incluya aspectos fisiológicos/biológicos, psíquicos, sociales y espirituales. De ahí la necesidad de contar con profesionales diversificados y bien formados que aborden desde la atención básica directa, a la atención sanitaria, la atención social y sus relaciones con la familia y entorno.

Unidades especiales desde AP y mayor coordinación

Uno de los puntos importantes sobre los que pivota el nuevo modelo de cuidados es la creación de Unidades Especiales de atención sanitaria dependientes de Atención Primaria que se desplazarán a las residencias para reforzar la monitorización de la salud de los usuarios.  

La consejera ha confirmado el inicio del servicio como proyecto piloto en centros de la zona de La Guindalera, estableciendo un control personalizado de cada caso y estrechando la coordinación entre AP y las áreas de Atención Hospitalaria (Geriatría de Enlace, Hospitalización a Domicilio y Paliativos) que cubren la atención a los mayores allí ingresados.

El Decreto recogerá otro aspecto imprescindible para la actuación sociosanitaria, sobre el que la Consejería también ha ido ya dando pasos, que es la interoperabilidad entre el sistema público de salud y el de servicios sociales.

Aquí se incluyen varias medidas, algunas ya implantadas como el acceso a la historia clínica electrónica a todas las residencias, o el intercambio de la información social, la gestión de pruebas complementarias, el envío y recepción de análisis clínicos o el acceso al registro de voluntades anticipadas del Gobierno de La Rioja.

El texto del Decreto ha sido ya sometido a consulta previa a través del Portal ‘Participa’ del Gobierno de La Rioja y comienza ahora su tramitación administrativa con consulta pública y remisión tanto al Consejo Sectorial de Personas Mayores como al Consejo Riojano de Servicios Sociales, máximos órganos de participación en lo concerniente a los mayores. Se estima que podrá entrar en vigor después del verano.