Un artículo de DomusVi
1. Impulsar un Pacto de Estado para los cuidados
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan que, en 2050, las personas mayores pasarán a constituir un 30,4% de la población española, lo que elevará notablemente la tasa de dependencia del 30,5% actual hasta 53,8%.
Es necesario un Pacto de Estado, un gran acuerdo entre todas las formaciones políticas que permita afrontar el reto de demográfico y garantizar un sistema de cuidados a las personas mayores, que asegure la calidad y afiance un modelo eficiente y sostenible.
2. Aumentar la inversión y financiación
En España, la inversión per cápita en dependencia es inferior a la media europea, tan sólo alcanza el 42% de la media comunitaria. Un escaso 0,9% del PIB nacional se destina a la dependencia, por debajo de la media de la OCDE situada en el 1,5%. Además, España tiene hoy un déficit de plazas residenciales superior a las 75.000 y se prevé que, en 2050, se necesiten más 400.000 plazas residenciales adicionales.
Las Administraciones públicas deben aumentar la inversión en dependencia para hacer frente a esta situación y acercarnos a otros países del entorno.
3. Fomentar la colaboración público-privada
La sociedad tendrá que hacer frente a nuevas demandas de cuidados como consecuencia del envejecimiento de la población. El sector público debe fomentar la colaboración con el sector privado, con el objetivo de afrontar con garantías estas nuevas demandas y aumentar conjuntamente el número de soluciones para las personas dependientes.
4. Garantizar la libertad de elección
Otros ámbitos como la sanidad y la educación permiten la libertad de elección de centro. Es necesario que los residentes y sus familiares puedan elegir libremente el centro residencial y el modelo de cuidados que mejor se ajuste a sus necesidades.
5. Apostar por un modelo híbrido
En 2050, España será el cuarto país más envejecido de la UE (PwC, 2020), esto repercutirá en la demanda de plazas residenciales. En este sentido, estamos obligados a ofrecer soluciones y transitar hacia un modelo híbrido que combine cuidados y ayuda a domicilio con viviendas adaptadas y residencias medicalizadas.
6. Homologar la financiación de las plazas residenciales
En España cada comunidad autónoma tiene sus propias ratios de financiación: en el País Vasco, Extremadura y Navarra se invirtieron, en 2021, más de 1.500 euros por persona en dependencia, mientras que otras regiones como Murcia, Aragón, Canarias y Galicia invirtieron menos de 1.000.
La Administración pública debería homologar la financiación de plazas residenciales en todo el territorio nacional ya que existen grandes desequilibrios entre unas CC.AA y otras.
7. Revalorizar las profesiones sociosanitarias
La imagen colectiva de los trabajadores del sector ha sido injustamente degradada en los últimos años. Las Administraciones han de contribuir y promover la labor que realizan los profesionales sociosanitarios en la sociedad.
8. Combatir el déficit de profesionales impulsando formación especializada
Actualmente, existe un déficit superior a los 200.000 profesionales sociosanitarios, especialmente de enfermería que crecerá en el corto, medio y largo plazo si no se garantiza una atracción y retención de talento. Las Administraciones públicas deben fomentar la formación especializada en esta área.
9. Combatir la estigmatización
El 94% de los españoles valoran muy positivamente la labor de las residencias y el 85% de los residentes consideran óptima la calidad en el servicio (GASP, DomusVi, 2021). Sin embargo, durante la pandemia se ha infravalorado al sector. Es necesario que la Administración pública ponga en valor la función de las residencias en la sociedad española.
10. Dotar de seguridad jurídica a largo plazo
El sector sociosanitario es y será una parte esencial de la atención y cuidado de las personas mayores. Independientemente del partido gobernante es indispensable asegurar los cuidados de la población dependiente, de forma estable y a largo plazo, dotando de seguridad jurídica al sector.
