La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha trasladado al ministro de Economía, Comercio y Empresa su “máxima preocupación” por el impacto de la concentración bancaria en la exclusión financiera de las personas mayores.

Las personas mayores volverían a ser las más perjudicadas por la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell, al tener como consecuencia el cierre de sucursales y una mayor digitalización en detrimento de la atención personalizada, por lo que la exclusión financiera de los mayores aumentará, tal y como advierte la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).

De este modo, la Plataforma ha solicitado al ministro su compromiso para evaluar el impacto de esta operación y a “velar por los derechos de toda la ciudadanía como consumidora, salvaguardando especialmente los derechos de las personas más vulnerables, como somos las personas mayores y con discapacidad”.

También ha recordado que los servicios bancarios son servicios esenciales y que el acceso a los mismos por parte de toda la población en igualdad de condiciones debe de ser una prioridad central de este Gobierno.

Así lo ha manifestado la PMP después de la reunión del Foro de seguimiento de Buenas Prácticas Financieras convocada por el ministro, en la que también participaron la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; la gobernadora en funciones del Banco de España, Margarita Delgado; el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo; la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe; y el impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan.

En primer lugar, la Plataforma acudió al foro de seguimiento principalmente para poner de relieve que, a pesar de importantes avances positivos apreciados desde que se suscribió el protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, la percepción de las personas mayores y con discapacidad mayores es que todavía quedan por solventar deficiencias en materia de acceso, trato y atención personalizada por parte de las entidades bancarias.

En este sentido, durante el foro quedaron patentes las grandes disparidades entre los resultados de los análisis de evaluación y percepción de los avances en inclusión financiera realizados por las patronales bancarias, por una parte, y la propia PMP, ASUFIN y el Defensor del Pueblo, por otra.

Por este motivo, la PMP ha recibido con satisfacción el anuncio realizado por ministro Carlos Cuerpo de “poner en marcha una encuesta independiente específica sobre inclusión financiera elaborada por el CIS”.

También reclamó la tramitación por vía de urgencia del proyecto de ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, interpelando a todos los grupos parlamentarios en el congreso y el senado para que alcancen el mayor consenso y celeridad en dicha tramitación y cuente con dotación económica suficiente en los próximos Presupuestos Generales del Estado para su puesta en funcionamiento.

Sobre este punto, Cuerpo recalcó que la aprobación de dicho proyecto de ley “es el punto central” para poder exigir el pleno cumplimiento de los protocolos de buenas prácticas y desde el Ministerio está previsto “tenerla en funcionamiento antes de que acabe año”.