El tratamiento que se está dando al renacido Fondo de Reserva de la Seguridad Social no contribuye a mejorar la transparencia sobre la situación objetiva en la que se encuentra el sistema de pensiones, ya que tiende a dar una visión distorsionada de la verdadera situación patrimonial del sistema, advierte el Instituto Santalucía.

La última reforma del sistema de pensiones se ha basado en las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, aprobadas en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2020, y recogidas en el componente número 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras analizar cada uno de los elementos de la reforma, el Instituto Santalucía ha trasladado su visión a la opinión pública para fomentar un debate informado y constructivo sobre la situación actual del sistema público de pensiones y sus perspectivas futuras.

En julio de 2024, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo entrega del Informe del FRSS, correspondiente a 2023, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En él se destaca con satisfacción que el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2023 era de 5.578 millones de euros, tras sumar 3.438 millones ese año, gracias en gran medida al incremento de las cotizaciones establecido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que está operativo desde enero de 2023.

No obstante, el Instituto Santalucía señala que en este informe no se destaca que la deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales.

Esto supone que, «no es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un ‘fondo de reserva’ que es sólo una ilusión óptica, dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema», advierte el Instituto Santalucía.

Desde este Instituto se aboga por la transparencia sobre la situación financiera del sistema de pensiones, y reconocer que la consolidación de las cuentas del FRSS y de la propia Seguridad Social compensaría, en cada ejercicio, el crecimiento del saldo de aquel con el aumento de la deuda de esta, dejando en un mero espejismo el resultado, aparentemente satisfactorio, de segregar ambas cuentas.

Todas estas variables hacen necesaria «la transparencia y claridad en la información para que los ciudadanos comprendan la situación real del sistema de pensiones«, advierte José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.

A su juicio, y teniendo presentes las estimaciones que revela el último Ageing Report acerca del efecto que el envejecimiento tendrá en las cuentas públicas en el futuro, «consideramos muy conveniente que pueda existir un debate sereno, honesto y con perspectiva a largo plazo para que los cambios estructurales que se precisan para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas puedan consensuarse y materializarse«.