El nuevo Real Decreto sobre el servicio del hogar familiar crea problemas que no existían en el sector de los cuidados, tal y como denuncian las patronales de cuidados a personas CECUA, Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, y ASADE, Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio. Desde ambas entidades piden al Gobierno derogar dicho Real Decreto.

Ademas de derogar el Real Decreto 893/2024, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, CECUA y ASADE solicitan al Gobierno abrir una mesa de negociación «que permita encontrar soluciones viables a la medida de la realidad de las auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio”.

Las empresas prestadoras de Servicios de Ayuda a Domicilio representada por ambas patronales manifiestan que “los cambios normativos deben llegar fruto al diálogo y consenso, contando con las entidades del Tercer Sector ya que su conocimiento de la realidad evitaría crear problemas que no existen”.

Se critica especialmente la disposición adicional decimotercera que afecta directamente a los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), una medida que las empresas prestadoras de estos servicios consideran altamente perjudicial para el sector y para las personas más vulnerables que dependen de estos cuidados.

La normativa, en su intento por regular la seguridad y la salud en el entorno del hogar familiar, confunde y mezcla la actividad de las personas empleadas del hogar con la de los profesionales especializados en la ayuda a domicilio, denuncian desde CECUA y ASADE. Y esta confusión genera una gran inseguridad jurídica que pone en peligro tanto a las empresas que prestan estos servicios como a los profesionales del sector, las familias y, sobre todo, a las personas usuarias que dependen de estos cuidados.

A su juicio, incluir a las auxiliares de ayuda a domicilio en la misma regulación que las empleadas domésticas, supone un claro retroceso en la apuesta del sector por la creciente profesionalización de los servicios, y considera que, por lo que el Real Decreto “confunde ámbitos laborales y profesionales”.

Ademas, destacan que el gobierno olvida que el colectivo de ayuda a domicilio “ya está regulado por la legislación común y cuenta con un ámbito de negociación propio donde están representadas las empresas especializadas en la prestación de estos servicios y los sindicatos, con un convenio específico”.

Por otra parte, el nuevo Real Decreto, al equiparar las responsabilidades de las empleadas del hogar con las de los profesionales de la ayuda a domicilio, ignora la naturaleza pública de este servicio y los altos estándares que ya se aplican en cuanto a la seguridad y la salud laboral.

Las empresas del sector cuentan con servicios de prevención propios o mancomunados, reconocimientos médicos periódicos, protocolos adecuados ante situaciones de riesgo, comités y delegados de prevención, así como equipos de protección individual, entre otras medidas.

«Lejos de solucionar los problemas de seguridad y salud en el trabajo, que ya están correctamente regulados en nuestro sector, el Decreto genera una gran inseguridad jurídica. Obliga a las empresas a asumir responsabilidades imposibles de cumplir, como la modificación de los domicilios de los usuarios para garantizar la protección más adecuada«, señalan desde CECUA y ASADE.

Esta situación no solo genera incertidumbre para las empresas prestatarias de los servicios de ayuda a domicilio, sino que también impacta negativamente en los profesionales del sector y, lo que es más grave, en las personas usuarias que dependen de estos cuidados. La ambigua redacción del Decreto, que impone a las empresas la obligación de adoptar «cuantas medidas resultasen necesarias» para garantizar la seguridad y la salud en el domicilio, es, según las empresas prestadoras de estos servicios, técnica, económica y operativamente inviable.

Las patronales CECUA y ASADE reiteran también la necesidad de que cualquier medida que afecte al sector de los cuidados a domicilio se acuerde mediante el consenso entre todos los actores implicados: entidades prestadoras de servicios, profesionales del sector, familias y organismos públicos.

«Solo a través del diálogo social se evitarán las consecuencias adversas que ya estamos empezando a vislumbrar como resultado de la falta de consenso en la elaboración de este Decreto», aseguran los representantes empresariales, que reiteran su compromiso con la seguridad de los trabajadores y la generación de empleo de calidad, así como con la calidad en la atención a las personas mayores y dependientes.