La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) ha manifestado su sorpresa y desacuerdo ante la publicación del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

AMADE se suma a otras patronales del sector de atención a la dependencia y lamenta la exclusión de las mismas en el proceso de redacción de esta normativa y otras que les atañen, lo que ha derivado en la aprobación de un real decreto que parece no tener claro el objetivo y que se centra más en aparentar una sobreprotección de los trabajadores que en una regulación eficiente y viable.

El real decreto introduce dos puntos clave: la vigilancia de la salud de las empleadas del hogar y una nueva directriz para la evaluación de riesgos en los servicios de ayuda a domicilio. AMADE aclara que estos dos servicios “son distintos en naturaleza, objetivos, regulación y convenios”, por lo que considera un error mezclar áreas tan diversas dentro de la misma normativa. Esta falta de diferenciación genera confusión.

Así mismo, la disposición adicional que incluye este real decreto acerca de la realización de evaluaciones de riesgos en cada uno de los domicilios de las personas usuarias de servicios de ayuda a domicilio, y la adopción de las medidas oportunas por parte de las empresas, en función de esas evaluaciones, es inviable, y denota «un desconocimiento del Gobierno sobre la gestión de este servicio”, que recuerdan “también es un servicio social básico y público».

Desde AMADE subrayan el compromiso de esta asociación y de todos los actores involucrados en el sector de los cuidados con los profesionales sociosanitarios. Destacan que “tenemos como misión común reconocer el valor de los trabajadores y trabajadoras de las residencias, los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y cualquier servicio que esté destinado al apoyo y cuidado de personas mayores y en situación de dependencia”. Por ello, “defendemos y cumplimos escrupulosamente sus derechos, conforme la normativa y convenios aplicables en cada territorio”.

La postura de AMADE es clara: el diálogo y el acuerdo son esenciales para cualquier avance legislativo que afecte a un sector tan sensible y vital como el de los cuidados. Afirman que «no entendemos el avance sin consenso», solicitando al Gobierno una revisión urgente del Real Decreto 893/2024 para garantizar su aplicabilidad, sostenibilidad y eficacia.

AMADE insiste en que este real decreto se ha gestado sin acuerdo y sin plan de viabilidad, ni dotación presupuestaria que lo avale. Al mismo tiempo, reitera su disposición a colaborar en la elaboración de una normativa más justa, equilibrada y viable para todas las partes implicadas, que proteja tanto a los trabajadores como a las familias y empresas que forman parte del sector.