Un artículo de Juan Carlos Campón Durán,
presidente de la Asociación de Residencias de Extremadura (Asorex)
El pasado día 17 la Unión de entidades para la promoción de servicios sociales de atención a personas mayores y/o en situación de dependencia, presentó en Barcelona el Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España.
Con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la elaboración del estudio por la prestigiosa consultora Antares, se pone sobre la mesa un panorama desalentador por lo incierto, que nos indica de manera ineludible la necesidad de implementar de manera inmediata políticas de choque para evitar un futuro distópico en el que las personas mayores y/o en situación de dependencia no serán las mejor paradas.
Desafortunadamente, después de más de 20 años hablando de la coordinación sociosanitaria y de más 15 de que se generara un derecho subjetivo de ciudadanía con la implantación en 2006 de la denominada ley de la dependencia, nos encontramos en una encrucijada en la que, por distintas circunstancias, estamos muy lejos de una verdadera estrategia de atención que despeje todas las incógnitas que el documento genera.
El estudio nos incida que el crecimiento anual de personas mayores, es decir, más de 65 años y más de 80 años, se duplicará en los próximos diez años en nuestro país, debido fundamentalmente a la llegada de la generación del Baby Boom a la tercera edad. Especialmente preocupante, por ser el que más servicios demanda, es el segmento de mayores de 80 años en el que la cifra de 43.742 personas que alcanzaban anualmente esa edad, en los próximos 10 años rondará los 84.200.
Nada que estuviera fuera de las previsiones sociológicas que nos han advertido de este escenario reiteradamente durante las últimos décadas. Pero pese a eso, España sigue estando preocupantemente lejos de la inversión necesaria para la creación de un sistema de cuidados que coordine, atienda y garantice la cubertura que el futuro requiere.
Sin ir más lejos, y sin que esta referencia suponga la panacea a todos nuestros problemas, el valor promedio de dedicación del PIB de los 36 países que forman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se encuentra en 1,55% y España se queda en un pírrico 0,96%.
Es evidente, que la consecuencia directa de esta falta de recursos se materializa de manera proporcional en una menor cobertura de las necesidades de atención a la dependencia de las personas mayores y un elevado tiempo de espera entre el reconocimiento de la dependencia (324 día de media) y la asignación del servicio; otro angustioso espacio de tiempo que desespera y desprotege a las personas susceptibles del derecho a la atención.
Pero el escenario puede ser aún más desalentador si a todo esto le sumamos la falta de profesionales. El estudio nos traslada que para atender a las personas que se incorporarán al sistema de atención será necesario incrementar el número de profesionales de atención directa, tanto en centros residenciales como en servicios de proximidad.
En el primer caso, más de 45.000 para seguir con los actuales niveles de cobertura, o más de 95.000 si nos proponemos cerrar la brecha que nos aleja de los países más desarrollados en sus modelos de atención. Nuestra cobertura en plazas residenciales es del 4,11% frente a los 5% de media de países de la OCDE, y para el caso de los servicios de proximidad (SAD) el índice de cobertura alcanzó el 5,5% de las personas mayores de 65 años, todavía lejos del promedio europeo de 10,1%.
El envejecimiento, casi exponencial de la población, la falta de inversiones para garantizar el modelo de atención y que posibiliten una red de recursos suficiente y dinámica, la resistencia incompresible a una mayor y mejor coordinación socio sanitaria, y la falta de profesionales y de políticas activas que favorezcan la incorporación de profesionales al sector, ya sea autóctonos o que procedan de otros países, nos condenan a un futuro cuanto menos incierto.
Para superarlo, los que estamos al frente de la gestión de recursos de la mano de las administraciones, venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, la necesidad de compromisos claros de inversión y financiación suficiente en el sector para, por una parte, reforzar y adaptar la red actual a las necesidades de las personas en situación de dependencia, y por otra, para redimensionar esta red con referencia en la evolución de la población. Más fondos económicos para que pueda crecer la red de recursos reconocidos en la cartera de servicios de la ley 39/2006.
Además, reivindicamos que es necesario que seamos conscientes de la necesidad de incorporar al sector profesionales cualificados. Un plan de contingencia que aborde este problema debe superar el discurso partidista y facilitar, por una parte, la incorporación a nuestro sistema de personas en situación irregular, a muchos de los cuales vemos permanentemente en nuestras ciudades paseando a personas mayores, y por otra, la de que personas acreditadas y con cualificación puedan venir desde otros países de fuera de la unión europea a trabajar en el sector de una manera sencilla y ágil, sin que la burocracia suponga un escollo insalvable.
Y todo esto en un entorno en el que no es aventurado poner en valor la segunda Ley de Murphy “Todo lleva más tiempo del que usted piensa”. Ya llegamos casi tarde. O somos capaces de llegar a un acuerdo de estado en el que abordemos esta situación, en el que las administraciones, partidos políticos y agentes sociales se comprometan a abordar estrategias claras y comprometidas, o nos encontraremos en un futuro distópico, desigual y deshumanizado, en el que solo podrán acceder a un entorno de cuidados aquellos que puedan pagarlo a precio de oro
