El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya ha aprobado un incremento del 5% en las tarifas de la red de servicios sociales de atención pública, lo que supone aumentar su aportación al sistema de servicios sociales en 35.615.536,52 euros con el objetivo de actualizar y adaptar la política tarifaria a las necesidades del sector.

Tal y como apuntan desde el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, este aumento de tarifas de la red de servicios sociales de atención pública debe traducirse en una mejora de las condiciones salariales de los profesionales del sector, así como en la mejora de la atención a las personas usuarias.

Este acuerdo se ha hecho efectivo pocos días después del anuncio que realizó el Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Mesa del Tercer Sector Social y da cumplimiento a los compromiso adquirido con sindicatos y patronales de las entidades, empresas y corporaciones para este año 2024.

El incremento repercute en servicios destinados a la atención a las personas mayores, la discapacidad, la salud mental, la infancia y la adolescencia, la acogida y la adopción, la atención precoz, el apoyo a la autonomía, las drogodependencias, VIH/sida y las tutelas.

Un sistema de protección social más integrador y efectivo

Por otra parte, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, también ha anunciado en el Parlamento de Cataluña la creación de una nueva comisión de coordinación con el objetivo de avanzar hacia un sistema de protección social más integrador y efectivo.

Esta comisión, que estará formada por representantes de la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y las cuatro diputaciones provinciales (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), se reunirá trimestralmente para evaluar y mejorar el funcionamiento del Contrato Programa que regula la colaboración entre el Departamento de Derechos Sociales y los ayuntamientos.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la consejería de transformar y fortalecer el sistema de servicios públicos en Cataluña mediante una gobernanza compartida que aproveche el conocimiento del mundo local sobre las necesidades territoriales y la realidad social.