El déficit de plazas residenciales para personas mayores en España sigue aumentando tras la pandemia, tal y como revelan datos recientemente publicados por Imserso que indican un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el más bajo de toda la serie, es decir, desde 2010.

Y es que, en los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en ese mismo periodo de tiempo.

La ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas (332.431 personas usuarias), lo cual pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Pese a ello, el déficit de plazas residenciales sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 89.324, advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III), señalan desde esta asociación.

Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2024. IMSERSO) hay en lista de espera para ser atendidas 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III, más 65.602 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, más 15.732 de estos grados con prestación no efectiva, lo que eleva el número hasta las 133.376 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 35% de los grados III y un 22% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.

De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia, y 89.324 plazas para alcanzar 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, reitera la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Las Comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valencia, con 35.857 y 24.801 respectivamente; entre las dos suponen más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras que en seis Comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las Comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

El 69,6% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas, incluyendo plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio. Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha.