El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 abandona a 341.301 dependientes en lista de espera y 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho, advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ADYGSS.
Desde esta entidad se resalta que el aumento del gasto en esta materia en los Presupuestos Generales del Estado 2017 se cifra en 100 millones de euros, mientras que los acuerdos -de investidura primero y sobre dependencia después- firmados por Ciudadanos aseguraban, cuando menos, la vuelta a la financiación estatal previa a los recortes de 2012, lo que se estimaba en unos 450 millones, además de otras medidas.
«Incorporar 100 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente nada«, señalan desde ADYGSS. En este sentido, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se hace especial hincapié en cuatro aspectos:

· Ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cinco euros de gasto en personas atendidas, algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación.

· Se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. 

· La clave de la financiación finalista son las cuantías por dependiente atendido según su grado de dependencia que reciben las comunidades autónomas (nivel mínimo). Estas cuantías se recortaron mediante el RD-Ley 20/2012 de 13 julio, que dinamitó la Ley de dependencia y son las que hoy sigue en vigor.

· El aumento del gasto de 100 millones, más un 10%, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 15.000 de la lista de espera, lo que condena al 96% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año. 

«Es indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán 35.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la ‘lista de espera’. Ya estamos hartos de palabrería y de falta de visión en este asunto. Mientras nos entretienen con ‘guiños’ sociales (342 M para atención a la familia y pobreza infantil de gestión incierta e impacto dudoso) se desatienden los servicios sociales públicos básicos y se incumplen los derechos ya reconocidos a la ciudadanía. Siguen entendiendo esta política como un gasto incómodo y no como una inversión social necesaria, oportuna e inteligente», comenta José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la ADYGSS.