/p>El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno una dotación adicional extraordinaria para este año de 1.000 millones de euros, con el objetivo de acabar definitivamente con el llamado “limbo” de la dependencia, es decir, las personas con prestación del sistema reconocida pero que no la reciben efectivamente y que, según las ultimas cifras oficiales disponibles, suman más de 350.000, cerca de un tercio del total de personas beneficiarias.
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Más de 350.000 personas, cerca de un tercio del total, no recibe su prestación reconocida de dependencia

Con esta dotación adicional extraordinaria, que se sumarían a la habitual y que debería consignarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (pendiente todavía de aprobación), más la que deberían añadir cada Administración autonómica, en la misma medida que haya crecido la del Estado, podría ponerse a cero el contador de la dependencia en 2017, logrando que toda persona con prestación reconocida la recibiera de modo real, sin esperas de meses y años como sucede ahora.
“Tener reconocido un derecho y que no se traduzca en nada tangible para la persona en situación de dependencia es el mayor fracaso del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y una burla hiriente a la Ley que ahora cumple 10 años desde su aprobación y entrada en vigor”, afirman desde el CERMI.
Además, a juicio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad esta medida de aportación presupuestaria extraordinaria debería formar parte de un pacto de Estado más amplio y ambicioso, suscrito por todas las fuerzas políticas, las Administraciones competentes, los agentes y los movimiento sociales, para consolidación y revitalización de un dispositivo de protección social en profunda crisis.
 

Jurisdicción social para los litigios de dependencia

Otra petición que desde el CERMI se ha hecho llegar al Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Justicia, es que los litigios de dependencia se tramiten dentro de la jurisdicción social y no por vía contencioso-administrativa, como viene sucediendo hasta ahora.

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El CERMI pide que los litigios de dependencia se tramiten dentro de la jurisdicción social

Y es que aunque la Ley que regula la jurisdicción social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) atribuye que en ella se diriman los litigios relacionados con la Ley de Dependencia, a la vez que estableció (en su disposición final séptima) un plazo de tres años para que entrara en vigor, el CERMI advierte que “transcurrido sobradamente ese plazo, que se ha cumplido en diciembre de 2014” aún no se ha desarrollado esa Ley.
A pesar de ser un tema de gran calado social, el hecho de que las controversias sobre dependencia sigan atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa –más formalista, gravosa, cara y lenta que la social– dificulta enormemente la protección judicial del derecho subjetivo creado por la Ley de Dependencia, afirma el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Desde esta entidad se puntualiza que esta regulación impide atacar las malas prácticas de las administraciones sociales, dejando en buena medida indefensas a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican.

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