/p>El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección de la dependencia, aumentándolas en más de un 5%. De este modo, el grado I de dependencia, el más leve, se incrementa hasta los 47,38 euros; el grado II (dependientes moderados) sube hasta los 84,49 euros, y el grado III (grandes dependientes) se incrementa hasta los 190,13 euros.
sistema de dependencia
Los servicios de teleasistencia a personas dependientes se van a mejorar con la incorporación de soluciones tecnológicas como geolocalizadores o detectores de caídas

Esta decisión se ha tomado en el marco del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, donde también se ha acordado la modificación de los criterios de acreditación de los cuidadores con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de estas personas que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales.
Así, a partir de ahora, se elimina el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista sólo para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia) y se establece una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.
Además, se ha acordado mejorar los servicios de teleasistencia tradicionales con la incorporación de elementos tecnológicos –detectores de caídas, geolocalizadores, sistemas de telediagnóstico, etc.– con el objetivo de prestar una atención más completa a las personas dependientes, tanto dentro como fuera de su domicilio.
Estas medidas, fruto del consenso entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, se han adoptado tras escuchar las conclusiones de la comisión de análisis de la dependencia, creada en el marco de la VI Conferencia de Presidentes, y que establece que el sistema de dependencia debe caminar siempre hacia un sistema basado en servicios, prestando atención a la perspectiva de género y avanzando en una revisión normativa para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.

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