/p>Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, según informa Europa Press en base al dictamen del XII Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que se analiza la evolución del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todo el país.
Este estudio analiza el sistema de dependencia partiendo de una docena de indicadores, que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población, asignando una puntuación a cada indicador y calculando las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez:
1. Personas beneficiarias sobre el total de la población
2. Solicitudes sobre el total de la población
3. Dictámenes sobre el total de la población
4. Personas con derecho pendientes de servicio/prestación
5. Equilibrio servicios/prestaciones económicas
6. Integración efectiva en la red de servicios sociales básicos
7. Incremento interanual personas atendidas
8. Gasto público en Dependencia por habitante y año
9. Incremento o pérdida interanual de expedientes Grado III
10. Innovación y buenas prácticas
11. Sistemas de información en tiempo real
12. Modelo de seguimiento sistematizado
En esta ocasión en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8, Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias (que empatan con un 3,8), y Madrid, que se queda en un 4,3.
En el aprobado se sitúan Galicia, Navarra, Murcia, con un 5, seguidas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, las tres con un 5,4; Andalucía (5,8), Cantabria y La Rioja (6,3). En la parte alta de la tabla se ubican Castilla y León y País Vasco con 9,6 y 8,3 puntos, respectivamente.
En la presentación de este estudio, el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, ha lamentado que los territorios con peores datos, como Canarias o la Comunidad Valenciana, obtienen también resultados negativos en servicios sociales, y ha ensalzado, por el contrario, el desarrollo de la atención en regiones como País Vasco y Castilla y León y la apuesta de esta última por mantener el sistema desde los servicios sociales y de proximidad.
Al respecto, ha valorado que, a pesar del «quebranto» económico derivado de los recortes presupuestarios del Gobierno, Castilla y León haya conseguido con fondos propios y la descentralización del sistema atender a más de 60.000 dependientes y reducir a menos de 3.000 aquellas personas que por cuestiones de trámites carecen de atención pero tienen derecho a ella.
En opinión de José Manuel Ramírez, el desarrollo del sistema en España en el último año se traduce en un «proceso de demolición«, pues ni siquiera se mantienen las tasas de reposición en la mayoría de las comunidades y se ha incrementado la cifra de dependientes que permanecen en el limbo, es decir, que tienen derecho a la prestación pero no la reciben.
Este estudio analiza el sistema de dependencia partiendo de una docena de indicadores, que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población, asignando una puntuación a cada indicador y calculando las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez:
1. Personas beneficiarias sobre el total de la población
2. Solicitudes sobre el total de la población
3. Dictámenes sobre el total de la población
4. Personas con derecho pendientes de servicio/prestación
5. Equilibrio servicios/prestaciones económicas
6. Integración efectiva en la red de servicios sociales básicos
7. Incremento interanual personas atendidas
8. Gasto público en Dependencia por habitante y año
9. Incremento o pérdida interanual de expedientes Grado III
10. Innovación y buenas prácticas
11. Sistemas de información en tiempo real
12. Modelo de seguimiento sistematizado
En esta ocasión en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8, Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias (que empatan con un 3,8), y Madrid, que se queda en un 4,3.
En el aprobado se sitúan Galicia, Navarra, Murcia, con un 5, seguidas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, las tres con un 5,4; Andalucía (5,8), Cantabria y La Rioja (6,3). En la parte alta de la tabla se ubican Castilla y León y País Vasco con 9,6 y 8,3 puntos, respectivamente.
En la presentación de este estudio, el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, ha lamentado que los territorios con peores datos, como Canarias o la Comunidad Valenciana, obtienen también resultados negativos en servicios sociales, y ha ensalzado, por el contrario, el desarrollo de la atención en regiones como País Vasco y Castilla y León y la apuesta de esta última por mantener el sistema desde los servicios sociales y de proximidad.Al respecto, ha valorado que, a pesar del «quebranto» económico derivado de los recortes presupuestarios del Gobierno, Castilla y León haya conseguido con fondos propios y la descentralización del sistema atender a más de 60.000 dependientes y reducir a menos de 3.000 aquellas personas que por cuestiones de trámites carecen de atención pero tienen derecho a ella.
En opinión de José Manuel Ramírez, el desarrollo del sistema en España en el último año se traduce en un «proceso de demolición«, pues ni siquiera se mantienen las tasas de reposición en la mayoría de las comunidades y se ha incrementado la cifra de dependientes que permanecen en el limbo, es decir, que tienen derecho a la prestación pero no la reciben.
