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Un informe de ACRA asegura que su paro de las PEVS es una práctica no amparada por ninguna normativa legal

Las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicios (PEVS) son unas ayudas previstas en la ley de la dependencia estatal y garantizadas por el Sistema Catalán de Servicios Sociales. Por lo tanto, la administración tiene la obligación de prestarlas independientemente de la disponibilidad presupuestaria, tal y como concluye un informe elaborado por el Bufet Vallbé a instancias de ACRA, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales.
La concesión de PEVS fue suspendida en agosto de 2013 por la Generalitat de Catalunya, alegando falta de financiación. Según el informe de ACRA, su paro es una práctica no amparada por ninguna normativa legal, sino una actuación por la vía del hecho y arbitraria. Las personas afectadas, concluye, pueden reclamar la protección del derecho a recibirlas ante el sistema judicial.
Actualmente en Catalunya hay unas 17.000 personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial en un centre público o concertado. Por contra, hay unas 8.500 plazas libres en residencias privadas. Esto es debido en buena parte a que las PEVS paralizadas son unas prestaciones que ayudan a financiar parte del coste de una plaza privada mientras la persona mayor espera una plaza del sistema público.
ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización sin ánimo de lucro que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, residencias, pisos tutelados, entidades tutelares y centros socio-sanitarios) para gente mayor de toda Catalunya.