/p>El desmantelamiento de la Ley de Dependencia y los efectos de la reforma local, que amenaza el futuro de 567 residencias con más de 30.000 plazas dependientes de los ayuntamientos y entidades locales, hacen presagiar un futuro de sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables.
Esto es al menos lo manifestado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS). Y es que los datos que ofrece son concluyentes: en el mes de diciembre se cerraron 1.192 camas de residencias para personas en situación de dependencia. El Sistema de Atención a la Dependencia cerró una cama residencial cada cuarenta minutos durante el mes de diciembre de 2013 y 3.138 personas en situación de dependencia perdieron el derecho a ser atendidas, a la vez que se registraron 402 beneficiarios menos.
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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios denuncia que en el último mes se cerraron 1.192 camas de residencias para personas en situación de dependencia

El número de plazas en servicios residenciales para personas mayores en España es de 382.523 (de las que 130.424 son para personas en situación de dependencia), lo que supone 4,66 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Esta ratio va de los 2,3 plazas de Murcia ó 2,9 de Canarias a los 7,4 de Castilla y León.
Frente a estos datos, contrasta saber que el 10% de los enfermos crónicos generan el 55% de las estancias hospitalarias, y un 5% de estos enfermos representan ellos solos el 40% de todos los ingresos.
En opinión de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, al conjunto de la ciudadanía, y a las personas que necesitan servicios sanitarios y sociales simultánea o sucesivamente para vivir con dignidad, les importa muy poco el debate sobre “lo sociosanitario” que determinados grupos de presión quieren traer a la opinión pública, por intereses puramente económicos. «A las personas afectadas les importa que les lleguen las prestaciones que necesitan cuando las necesitan; que las residencias sean lugares para vivir, aunque necesiten cuidados sanitarios similares, o un poco más intensos, a los que podrían recibir en su casa; o tener la posibilidad de acudir a un lugar en el que pasar un tiempo de convalecencia, con la rehabilitación o los cuidados necesarios, tras un ingreso hospitalario».
Desde esta Asociación se denuncia que frente a estos datos, y a que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas por su situación de dependencia, las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, diciendo que 400 pacientes hospitalizados “están en condiciones de irse a su casa y sus familiares no los recogen, lo que supone un bloqueo de camas que hacen falta para otros pacientes” son irresponsables. Precisamente el Gobierno que preside Paulino Rivero, tiene el peor desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia (con sus datos oficiales atiende a un 0,5% de la población, cuando la media española es del 1,6, es decir un dependiente canario tiene tres veces menos posibilidades de ser atendido que un dependiente que viva en cualquier sitio de España).
Las críticas de la ADYGSS van más allá, manifestando cuando el Partido Popular toma posesión del Gobierno, 1.048.424 eran personas dependientes con derecho a atención, mientras que en diciembre de 2013, este número ya se reducía hasta las 944.345, es decir, en sólo dos años 100.183 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones de la Ley de la Dependencia (135 bajas diarias en el sistema).
Esta situación propicia lo que desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales califican como una “demolición descarada del Sistema de Atención a la Dependencia. Una auténtica crueldad, por el sufrimiento que provoca en personas y familias, y una grave irracionalidad en el terreno económico, ya que mientras los hospitales se sobrecargan con personas que no necesitan permanecer en ellos, miles de plazas residenciales se destruyen o permanecen vacías, pudiendo ofrecer mejores cuidados y con un coste que apenas representa una cuarta parte de lo que cuesta una cama hospitalaria”.
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