/p>La eliminación del copago en servicios en la Comunitat Valenciana será una realidad el próximo año mediante la Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, tal y como ha anunciado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra.
Geriatricarea copago Mònica Oltra
Mònica Oltra se ha comprometido a eliminar el copago en servicios y crear una nueva Ley de Servicios Sociales durante 2016

En su comparecencia para informar sobre las líneas generales de la política de la conselleria durante la legislatura, Mònica Oltra destacó que el Consell ha empezado ya a aplicar el «programa de gobierno del cambio» en el que «las personas han pasado a estar en el centro de las políticas públicas«. «Nuestro compromiso está en el desempeño de los derechos sociales, y los derechos consagrados por las leyes no están sujetos a los presupuestos, porque la lógica es la contraria: los presupuestos deben garantizar los derechos», subrayó.
Así, entre las prioridades de la Generalitat se encuentra la eliminación del copago en servicios, con un coste estimado de unos 120 millones de euros. «Rescataremos las personas que han debido abandonar los centros por no poder abonar estas tasas abusivas e injustas«, afirmó la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Además, a lo largo de la legislatura la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal enviará al Parlamento una nueva Ley de Servicios Sociales, consensuada con los diferentes sectores y actores implicados, que sustituya la de 1997 para pasar de un modelo asistencial a uno universal.
Asimismo, Mònica Oltra indicó que “el gran reto que nos planteamos en esta legislatura en materia de dependencia será cambiar el actual sistema de acceso al mismo y los procedimientos de evaluación, vehiculándolos a través de los servicios sociales de base para agilizar la entrada de las personas en situación de dependencia en un sistema de protección que tiene como principal objetivo la autonomía personal”, asegurando que de este modo “queremos acabar con el oscurantismo y la opacidad y asegurar al conjunto de la ciudadanía que los recursos públicos se destinan completamente a cubrir las necesidades de las personas y al correcto funcionamiento de los servicios”.
En este sentido, la Generalitat estudiará y revisará las contrataciones blindadas, así como las contrataciones sobre las que hay fundadas sospechas de irregularidad. También se realizará una auditoría contable y laboral del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), ante su «situación caótica y con indicios razonables de posibles delitos».

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