Geriatricarea Bimedica

Lista de espera y defunciones por dependencia en Cataluña: un análisis incómodo

geriatricarea Cinta Pascual ACRA

 

Un articulo de Cinta Pascual
Presidenta de ACRA
Associació Catalana de Recursos Assistencials

 

 

Dos datos fijan la situación actual de Cataluña en relación a la atención a los mayores: una lista de espera de 18.438 personas que quieren acceder a una residencia financiada públicamente, y 11.194 solicitantes que causaron éxitus entre el 2013 y el 2017 sin acceder a una prestación.

ACRA considera que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a la reducción a la lista de espera en un contexto de plazas libres disponibles, y más cuando tenemos una herramienta que nos permite hacerlo: es la hora de apostar por la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS)

Recientemente hemos conocido dos datos relacionados con la atención a los mayores en Cataluña que no están recibiendo la importancia que merecen: a día de hoy sabemos que hay 18.438 personas en situación de lista de espera para una residencia con financiación pública en Cataluña, y que durante el periodo 2013 – 2017 han causado defunción 11.194 personas sin poder acceder a una prestación por dependencia. No son números aproximados ni procedentes de organizaciones empresariales o de sindicatos si no cifras oficiales del mismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a raíz de una pregunta parlamentaria realizada hace una semana.

Son cifras duras y que nos sitúan ante un espejo nada agradable que nos interpela como sociedad. Hablamos de familiares, amigos, conocidos y posiblemente también de nosotros mismos dentro de unos años. Es verdad que la lista de espera se ha reducido en 5.000 personas desde el 2016, una mejora de la que nos tenemos que alegrar y que se ha producido, entre otras razones, por el incremento de actividad en el sector, por una mayor provisión de plazas con financiación pública…

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Hay que actuar para reducir al máximo la lista de espera y evitar que personas mueran sin recibir una prestación a la que tienen derecho

 

Pero no podemos perder de vista dos factores: el largo periodo de tiempo que pasa desde una solicitud de valoración por dependencia hasta la obtención de una plaza pública (hablamos de años) y el sobre envejecimiento de la población. Hace tiempo que se habla de un tsunami social, de un futuro con personas cada vez más dependientes, una tendencia que irá al alza en las próximas décadas: en el 2051 la población de 65 años o más habrá llegado al 30% en lugar del 18% actual, y el colectivo de 85 años o más estará formado por 550.000 personas, más del doble de las que hay ahora.

Hablar de las personas que han causado defunción es difícil y nada agradable, pero hay que hacerlo. En primer lugar, para visibilizar un colectivo, el de los mayores, frecuentemente desplazados de la actualidad de los medios de comunicación, de eso llamado opinión publicada, sin la cual no se puede llegar a la ciudadanía. Pues han muerto 11.194 personas entre el 2013 y el 2017, el 75% de las cuales con una valoración de dependencia realizada y con un plan individual de atención, denominado PIA, que determina qué tipo de prestación puedes recibir. Para que se me entienda, personas que murieron esperando una plaza pública a la que tenían derecho porque la Ley de la Dependencia así lo reconoce. Y, en segundo lugar, porque estamos obligados a actuar.

No es momento de repartir responsabilidades ni de criticar la actuación del actual gobierno porque la situación a la que hemos llegado es fruto de un maltrato acumulado de hace muchos años. Lo que sí es relevante es que la atención a la dependencia nos incumbe a todos. Repito, es un tema de país que va mucho más allá de quién gobierna y de quién hace de oposición. Lo más importante es cómo podemos actuar para reducir al máximo la lista de espera y para evitar que haya personas que mueran sin recibir una prestación a la que tienen derecho.

ACRA, como patronal mayoritaria del sector con más de 1.000 servicios, 42.000 plazas y 41.000 trabajadores, considera que hay que cambiar la estrategia fijada por el Departamento de incrementar la actividad de las plazas porque no permiten absorber con eficiencia la demanda existente. Desde nuestra organización consideramos que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a la reducción a la lista de espera. Es la hora de apostar por una Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), es la hora de dar paso a las PEVS.

Todos los que no estéis familiarizados con el sector os preguntaréis que es y para qué sirve una PEVS. Estamos hablando de una prestación económica de tipo periódico que se reconoce solo cuando el acceso a un servicio público o concertado no es posible o lo que es lo mismo, una ayuda pública para acceder a unas de las 5.000 plazas libres. El importe para cada usuario se establece en función de su grado de dependencia y de su capacidad económica. Esta prestación está vinculada también a la adquisición del servicio al cual se tiene el derecho reconocido (residencia asistida, centro de día, ayuda a domicilio…)

La PEVS permite acceder a una plaza residencial o a otro recurso con más rapidez que una plaza pública, por la que pueden llegar a pasar dos, cuatro o seis años en función del servicio y de la población. Por lo tanto, eficiencia y capacidad de elección por parte del usuario, una demanda que hay que poner en valor en una época en que la atención a la dependencia se rige por un principio muy claro: situar la persona en el centro de sus decisiones.

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ACRA considera que hay que apostar por la Prestación Económica Vinculada al Servicio para facilitar el acceso a una plaza residencial o a otro recurso

 

Desde ACRA consideramos que una apuesta firme por parte del Departamento en relación a las PEVS permitiría que muchas personas quieran salir de la lista de espera y optar por esta prestación. Para que esto pase, pero, en primer lugar, hay que aumentar el importe de la PEVS de grado II, correspondiente a la dependencia severa, el grado mayoritario entre los dependientes de nuestro país, de los 426 € actuales hasta llegar a los 715 €, el mismo importe que ahora reciben los grandes dependientes o de grado III.

Estos casi trescientos euros extras al mes permitirían a los usuarios plantearse la posibilidad de abandonar la lista de espera y acceder a un recurso asistencial de forma inmediata. Desde ACRA hemos calculado que la inversión pública por cada 1.000 plazas de PEVS con este nuevo importe seria de 3,5 millones de euros, claramente inferior al gasto que hay que hacer ahora para 1.000 nuevas plazas con financiación pública.

Ahora bien, si este aumento no se concreta de manera urgente, las PEVS seguirán sin convertirse en una alternativa viable para todos aquellos y aquellas que están en una lista de espera. No olvidemos, tampoco, que el importe de las PEVS había sido superior a los 1.000 € antes de su suspensión ahora hace unos años, un importe que había permitido hacer de esta prestación una alternativa sólida y viable respeto la plaza pública.

El Govern, por lo tanto, tiene que ser valiente y hacer que este sea el año de la revalorización de las PEVS. Más allá de los números, la ecuación es clara: si las PEVS suben, la lista de espera baja. Y no tiene ningún sentido que haya 5.000 plazas vacías en el sector, que pueden ser ocupadas con personas que dispongan de una PEVS, mientras existe una considerable lista de espera.

Tarde o temprano todos nos haremos mayores y es muy probable que necesitemos de un servicio profesional y cualificado que nos permita envejecer con dignidad, del mismo modo que hemos vivido. Y cuando eres mayor, el tiempo importa más que nunca. Por lo tanto, tenemos que utilizar las mejores herramientas que tengamos a nuestro alcance. No es una situación coyuntural sino sistémica. Nos envejecemos como sociedad y lo seguiremos haciendo. Tenemos que evitar que el tsunami nos trague. Por lo tanto, visibilizamos las carencias y actuamos unidos. Solo así podremos salir adelante.


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Publicado en: A fondo, Opinión

Sobre el autor:

GeriatricArea es una publicación digital editada por Comunicación y Cía que se dirige a los profesionales del sector sociosanitario.

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