/p>Tras nueve reuniones, el grupo de trabajo de la Comisión para el Análisis de la situación de la Dependencia ha elaborado un informe consensuado en el que se analiza la situación actual del Sistema de Dependencia y sus mecanismos de financiación.
geriatricarea dependencia
Este informe recomienda modificar el sistema de financiación actual de la Dependencia para garantizar la incorporación de las personas pendientes

Este Informe, que muestra la situación actual del Sistema de Dependencia, indica que a 30 de junio de 2017 hay 1.217.355 beneficiarios con derecho; 898.243 con prestación efectiva; 319.092 en lista de espera. El coste del sistema, a 31 de diciembre de 2016, era de 7.986 millones de euros.
También se indica la conveniencia de proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual o, en su caso, a la adopción de un nuevo sistema de financiación que, además, garantice la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas, máxime cuando se ha considerado necesario por la Comisión una revisión en profundidad de la Ley 39/2006, en base a la experiencia acumulada y con el fin de adaptarla a las demandas de la ciudadanía y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Por ello, se recomienda que durante los próximos años se avance en adecuar los recursos destinados a Dependencia a las necesidades generadas en este ámbito, en particular, en un contexto de envejecimiento de la población y previsible crecimiento del número de personas en situación de dependencia.
Respecto al voto particular emitido por la Generalitat de Cataluña junto a los Gobiernos de Aragón, Andalucía y Asturias, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, señaló al término de la última reunión de la Comisión para el Análisis de la situación de la Dependencia que el mismo se incorporará al informe definitivo que se debatirá en el Consejo Territorial extraordinario que se convocará próximamente.
Esta Comisión fue creada por el Consejo de Ministros del pasado mes de febrero tras los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero y está integrada por representantes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla-León.

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