Tal y como afirma Vicente Botella, presidente de UPIMIR, «entendemos que en los momentos actuales y dadas las peculiaridades diferenciadoras de los centros residenciales geriátricos y centros de día catalanes, nos corresponde, como patronal de ámbito autonómico, el explorar junto al resto de patronales representativas y los agentes sociales, un marco laboral propio y adaptado a nuestros socios».
Cabe recordar que el pasado verano también la Associació Catalana de Recursos Assistencials, Acra, decidido dejar de formar parte de la FED, organismo del que había formado parte desde su fundación, ante las serias discrepancias entre ambas entidades que han llegado a los tribunales de justicia.
Además, sobre la posibilidad de establecer un Convenio Colectivo de ámbito catalán, desde la FED se puntualiza que:
- En tanto no se modifique la Legislación laboral vigente en materia de negociación colectiva, cuando un Convenio Colectivo de ámbito territorial superior excluye expresamente la existencia de otro Convenio de ámbito territorial inferior, éste es lisa y llanamente imposible de negociar. La única excepción a lo anteriormente dicho pasa en exclusiva por la admisión de los convenios específicos de empresa, los cuales sí prevalecen sobre cualesquiera otros, siempre -claro está- que mejoren las condiciones de los convenios de mayor ámbito de aplicación.
- Las empresas catalanas del sector sociosanitario vienen padeciendo una total y absoluta congelación de tarifas públicas desde hace ya una década. Ahora, parece que el “señuelo” para endulzar la “píldora” del presunto futuro Convenio Catalán pasaría por una promesa del Govern de Catalunya en el sentido de revisar dichas tarifas. Pero, a nuestro entender, eso tiene notorias dificultades, a saber:
1) Fiar el futuro de las empresas a las promesas políticas es mucho fiar, sobre todo, teniendo en cuenta que, según la propia decisión del actual Govern -manifestada al principio del actual mandato suyo, la duración de esta Legislatura no pasaría de los 18 meses.
2) Nadie ha concretado en qué cuantías serían revisadas presuntamente las tarifas, ni con qué efectos temporales, ni con qué dinero real cuenta la Generalitat de Catalunya para hacerle frente a todo ello.
3) Tampoco nadie de los que desde Upimir y desde Acra impulsan este Convenio Catalán han indicado cuál será la repercusión del aumento salarial que se produciría; pero sí sabemos que el tal incremento salarial estaría muy por encima de lo que han planteado en su plataforma los sindicatos UGT y CCOO en la negociación del convenio estatal.
4) Por otro lado, los impulsores del Convenio de Ámbito Catalán desconocen -o, simplemente, no tienen en cuenta- que en el total de plazas residenciales de Catalunya hay más de un 40% de plazas estrictamente privadas que, aun en el más hipotético de los casos de que se produjeran esos incrementos de tarifas, nunca serían beneficiadas por el tal aumento, con lo que las empresas que tienen dichas plazas privadas se verían enormemente perjudicadas.
La FED también se afirma que sin negar las singularidades diferenciales de Catalunya, “se debe mirar por los intereses generales y no conducirse por el oportunismo, por el tacticismo, ni mucho menos por razones de mero alineamiento político con el Govern de turno”.
